La UE faculta a los organismos reguladores para bloquear las plataformas de criptomonedas de terceros países

El 21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia amplía el alcance de las restricciones sobre las criptomonedas

La UE ha tomado medidas para ampliar el alcance de sus sanciones sobre criptomonedas contra Rusia, lo que permite bloqueos a nivel nacional que simplificarían la actuación contra las plataformas de intercambio en aquellos países que facilitan sistemáticamente a los ciudadanos rusos eludir las sanciones impuestas mediante activos en criptomonedas.

En el nuevo 21.º paquete de sanciones contra Rusia, aprobado el 23 de julio, la UE añadió cuatro designaciones relacionadas con la red del rublo ruso A7, que también fue objeto de medidas por parte del Gobierno del Reino Unido en mayo. Las nuevas disposiciones de la UE cortan sus vínculos con instituciones con sede en África, añadiendo prohibiciones de transacciones a 14 plataformas de servicios de criptomonedas en Georgia, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.

Estas incorporaciones siguen a las medidas de amplio alcance aplicadas en el anterior paquete de sanciones, que se dirigían contra todo el sector ruso de las criptomonedas.

Pero, además de estas, dos nuevas disposiciones pretenden impedir que los rusos utilicen las criptomonedas para financiar el esfuerzo bélico. La primera, que entrará en vigor el 25 de agosto, amplía la prohibición a los rusos y bielorrusos de poseer, controlar o ocupar cargos en proveedores de servicios de criptomonedas con sede en la UE.

Estas restricciones, que se incluyeron por primera vez el 18 de enero de 2024, se aplican ahora a cualquier otro servicio relacionado con criptoactivos descrito en el Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), incluidos los servicios de asesoramiento, gestión de carteras y transferencia por cuenta de los clientes, tal y como se describe en el artículo 5 ter del Reglamento del Consejo (UE) 2026/1848, de 23 de julio de 2026, que modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014.

La segunda disposición establece una prohibición de las transacciones con criptoactivos en países enteros en los que los proveedores de servicios incumplan estas sanciones, lo que les confiere carácter extraterritorial.

El artículo 5bc del Reglamento (UE) n.º 833/2014 modificado establece que «queda prohibido realizar, directa o indirectamente, cualquier transacción con una persona jurídica, entidad u organismo que sea una entidad prestadora de servicios de criptoactivos o una plataforma que permita el intercambio o la transferencia de criptoactivos y que esté establecida en un tercer país».

Además, la normativa especifica que esta lista de países, actualmente vacía, «incluirá únicamente a aquellos terceros países que el Consejo haya identificado como aquellos que, de forma sistemática y persistente, no han impedido la prestación de servicios relacionados con criptoactivos, ni han impedido que las plataformas intercambien o transfieran criptoactivos».

Para Nick Turner, experto en sanciones económicas, este cambio significa que la UE se está inclinando por las sanciones secundarias tras una larga trayectoria de oposición a las mismas. También subrayó que esto podría provocar conflictos jurídicos en jurisdicciones donde la normativa entre en conflicto con las sanciones de la UE.

«En virtud del nuevo artículo 5bc, los reguladores de un país serán responsables de no haber impedido una actividad sancionada por la UE, independientemente de la legislación propia de dicho país», subrayó. Turner cree que esta medida se utilizará inicialmente como herramienta de presión diplomática, y explicó que era «difícil decir» si algún país se vería afectado directamente por estas medidas.