Las fuerzas del orden afirman que la Ley CLARITY favorece a los delincuentes. El sector sostiene que se equivocan

Una nueva advertencia de las fuerzas del orden

La Asociación Nacional de Sheriffs envió una carta al líder de la mayoría del Senado, John Thune, y al líder demócrata, Chuck Schumer, advirtiendo de que la Ley CLARITY, tal y como está redactada actualmente, crearía amplias exenciones a los requisitos de registro, «conozca a su cliente», lucha contra el blanqueo de capitales, y de la legislación sobre sanciones para determinados participantes en las finanzas descentralizadas, lo que podría permitir a los actores ilícitos explotar plataformas y servicios diseñados para ocultar transacciones con activos digitales. No es la primera advertencia de la asociación sobre este tema, ya que la NSA planteó por primera vez la misma objeción en una carta del 13 de mayo dirigida a la Comisión Bancaria del Senado, y, posteriormente, se sumó a una carta conjunta de una coalición de cuatro organizaciones a finales de junio que repetía la advertencia casi palabra por palabra, lo que significa que la carta de agosto no es tanto una nueva alarma como una tercera reiteración de la misma queja fundamental a medida que se acerca la fecha límite del receso del Senado. El grupo de sheriffs no actúa en solitario, sino que se une a la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación Nacional de Fiscales Adjuntos de los Estados Unidos y la Asociación Internacional de Jefes de Policía para advertir de que el tratamiento que el proyecto de ley da a las finanzas descentralizadas (DeFi) podría abrir brechas que los traficantes, los evasores de sanciones y los blanqueadores de capitales podrían aprovechar; una coalición cuya carta conjunta data de finales de junio y cuyo argumento principal se ha repetido en cada carta de la NSA desde entonces.

El objetivo específico de la objeción de la coalición es el artículo 604 del proyecto de ley, una disposición conocida comúnmente como la «Ley de Certeza Regulatoria de la Cadena de Bloques», que establece protecciones para los desarrolladores que crean software, carteras y protocolos sin custodia, sin llegar a tomar nunca el control de los fondos de los usuarios.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley sostienen que esa excepción está redactada de forma lo suficientemente amplia como para permitir que operaciones genuinamente de custodia o que facilitan el blanqueo de capitales se acojan a la misma protección, lo que debilita las normas de «conozca a su cliente» (KYC) y contra el blanqueo de capitales en comparación con las que deben cumplir las instituciones financieras tradicionales.

La réplica del sector

La Asociación Blockchain no ha dejado este argumento sin respuesta y ha enviado un mensaje de clara oposición.

Además, cuando la coalición de cuatro organizaciones planteó por primera vez la misma queja en junio, Lindsay Fraser, directora de políticas de la asociación sectorial, desestimó la interpretación de la sección 604 calificándola de «malentendido fundamental» sobre lo que realmente establece la disposición, y afirmó:

La sección 604 tiene un único objetivo concreto: evita que los desarrolladores de software sin custodia sean clasificados erróneamente como transmisores de fondos cuando no custodian activos ni controlan las transacciones.

Fue aún más lejos al rechazar la idea de que la disposición cree una laguna jurídica para los malhechores, afirmando claramente que «no exime de responsabilidad a los delincuentes», «no limita la aplicación de sanciones» y «no impide los procesos judiciales por blanqueo de capitales, fraude o financiación del terrorismo».

Una división que podría decidir la votación

Este enfrentamiento ilustra por qué la cuestión de la aplicación de la ley en la Ley CLARITY se ha convertido en una trama secundaria dentro de la lucha más amplia en el Senado. A diferencia de la disputa ética sobre los vínculos empresariales de Trump con las criptomonedas o las cuestiones relativas a la supervisión de las monedas estables —que, por separado, han ralentizado las negociaciones—, la controversia en torno al artículo 604 enfrenta directamente a las fuerzas del orden en activo con el grupo sectorial que más presiona a favor de su aprobación, y ambas partes afirman representar la seguridad pública.

La propia comunidad de las fuerzas del orden está lejos de estar unida en torno a esta disposición. La Organización Nacional de Ejecutivos Negros de las Fuerzas del Orden respaldó formalmente el proyecto de ley el 1 de julio, convirtiéndose en el primer grupo importante de las fuerzas del orden en apoyarlo sin reservas, argumentando que preserva las autoridades de aplicación de la ley penal de larga data al tiempo que añade nuevas capacidades significativas.

Dos días después, el 3 de julio, Major County Sheriffs of America —una organización independiente de la Asociación Nacional de Sheriffs que representa a las oficinas de sheriffs que prestan servicio a 130 millones de personas— pasó de una oposición activa a una postura neutral específicamente respecto a la sección 604, y comunicó al Comité Bancario del Senado que las conversaciones continuadas habían aportado mayor claridad sobre cómo se aplicaría realmente la disposición.

Dado que Thune ha afirmado que el Senado sigue esperando celebrar una votación en el pleno antes del receso de agosto y que quedan aproximadamente cuatro días legislativos, esta disputa sobre la responsabilidad de los desarrolladores se ha convertido en una de las más detalladas y trascendentales.