Senado de EE. UU. cuestiona transacciones con stablecoins del CCG

La investigación del Senado de EE. UU. aumenta la carga del cumplimiento de las sanciones

Las conclusiones de la Subcomisión Permanente de Investigaciones (PSI) del Senado de EE. UU., que identifican las monedas estables —en particular, el Tether (USDT)— como un motor clave de liquidez que impulsa el sistema bancario paralelo de Irán, indican que las autoridades occidentales podrían dejar de considerar suficiente un cumplimiento normativo meramente reactivo.

Para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) autorizados que operan en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), estas conclusiones podrían redefinir significativamente las evaluaciones de riesgo de contraparte. Dada la proximidad geográfica de la región a Irán y sus fluidas redes de comercio transfronterizo, distinguir las transacciones legítimas del CCG de las actividades proxy sancionadas requiere una atribución de carteras cada vez más precisa.

Una posible consecuencia es que las plataformas regionales de intercambio de criptomonedas y, en menor medida, los comerciantes, puedan verse obligados a reevaluar sus relaciones con los proveedores de liquidez, las mesas de negociación extrabursátiles y los procesadores de pagos transfronterizos.

Responsabilidad por sanciones en los canales de pago

A pesar de este panorama cambiante, muchos comerciantes siguen operando bajo la suposición de que recibir moneda local en una cuenta bancaria nacional les protege de los riesgos de sanciones relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, los expertos jurídicos advierten de que la responsabilidad no comienza ni termina necesariamente con la liquidación bancaria.

Según Soham Jethani, socio del bufete de abogados Septten, no existe un único punto universal en la cadena de pago en el que se genere la responsabilidad.

«La prohibición pertinente puede referirse a realizar transacciones con una persona designada, poner a su disposición fondos o recursos económicos, o gestionar bienes en los que una persona designada tenga algún interés», señaló Jethani, indicando que dichos riesgos pueden materializarse mucho antes de la liquidación bancaria definitiva.

Jethani hizo hincapié en que recibir moneda fiduciaria no exime de las obligaciones de cumplimiento subyacentes. Los comerciantes deben conocer a sus clientes, la estructura de sus modalidades de pago y los controles aplicados por sus proveedores de servicios de pago. Si bien una señal de riesgo en un monedero justifica una investigación, en lugar de constituir una prueba automática de infracción, la carga operativa recae generalmente en los VASP autorizados y no en los comerciantes individuales.

Titularidad de los tokens frente a derechos contractuales

Esa realidad operativa plantea cuestiones jurídicas más profundas cuando las transacciones que involucran stablecoins respaldadas por moneda local pasan por carteras marcadas o por plataformas de intercambio de alto riesgo. Concretamente, persiste la incertidumbre sobre si los comerciantes adquieren legalmente la titularidad de esos tokens o si simplemente tienen un derecho contractual sobre la moneda fiduciaria frente a su procesador de pagos.

Jethani señaló que la denominación de una moneda estable o de un token no determina la titularidad legal. En cambio, la titularidad depende de los contratos subyacentes y de los flujos de pago reales. Un comerciante puede recibir tokens directamente, tener tokens depositados en su nombre o poseer únicamente un derecho contractual sobre dirhams frente a su proveedor.

«Esa distinción afecta a la custodia, a la exposición a la insolvencia y a qué activos o derechos posee el comerciante», explicó Jethani. «No responde a todas las cuestiones relacionadas con las sanciones. Una transacción prohibida puede implicar la prestación de servicios o la puesta a disposición de recursos sin que el comerciante sea propietario de los tokens».

Añadió que una conexión indirecta o histórica con una cartera no constituye automáticamente una infracción según las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o la normativa de sanciones de los EAU. La aplicación de la normativa depende del régimen de sanciones aplicable, de las partes implicadas y de los hechos concretos que rodean a una transacción.

Stablecoins globales y exposición a sanciones secundarias

Del mismo modo, aceptar stablecoins que se negocian a nivel mundial puede exponer a las empresas a riesgos de sanciones secundarias por parte de regímenes reguladores extranjeros, incluso cuando las transacciones parezcan puramente nacionales. Las sanciones secundarias pueden permitir que determinadas jurisdicciones, sobre todo Estados Unidos, sancionen a entidades o personas no estadounidenses por determinadas relaciones con partes sancionadas, incluso sin un nexo territorial directo.

Por ejemplo, un banco no estadounidense que, a sabiendas, facilite una transacción significativa para una entidad financiera iraní sancionada podría enfrentarse a graves restricciones, incluida la posible exclusión del sistema financiero estadounidense. Jethani advirtió de que estos riesgos pueden ser difíciles de detectar en las transferencias locales de monedas estables, incluso cuando se utilizan tokens que se negocian a nivel mundial.

«La transacción puede parecer nacional, mientras que la moneda estable, su emisor, una de las carteras de las partes o sus proveedores, la plataforma de intercambio de entrada/salida, o un posible custodio u otro intermediario pueden estar vinculados a una parte sancionada o a una actividad restringida», advirtió Jethani.

En consecuencia, la liquidación en moneda local a través de un banco no elimina los riesgos legales subyacentes. Por el contrario, puede ocultar la exposición en las fases anteriores de la cadena, donde una contraparte o un intermediario ilícito en la cadena de transacciones podría generar riesgos de cumplimiento normativo para otros participantes.

Pago en tiempo real y ecosistemas preseleccionados

En los escenarios de pago instantáneo al por menor, en los que el filtrado de las transacciones debe realizarse en cuestión de segundos, los análisis tradicionales de blockchain también pueden encontrarse con limitaciones. Jethani señaló que las comprobaciones en tiempo real dependen en gran medida de la calidad y la puntualidad de los datos subyacentes, que pueden verse afectados por retrasos en la atribución relacionados con carteras de nueva creación, el ocultamiento a través de carteras «calientes» de las plataformas de intercambio y los complejos puentes entre cadenas.

Sin embargo, Jethani afirmó que los riesgos en el comercio minorista en tiempo real en mercados regulados como los EAU se mitigan porque las transacciones se «protegen contra riesgos» mucho antes de que los clientes lleguen a la caja.

En este modelo, los consumidores utilizan carteras asociadas a plataformas de intercambio autorizadas de los EAU, donde los activos están sujetos a una supervisión y un filtrado previos continuos. Los fondos sospechosos pueden congelarse antes de que se inicie una transacción en el punto de venta, mientras que los comerciantes destinatarios se someten a un proceso previo de incorporación «conozca a su cliente» (KYC) antes de poder aceptar los pagos.

Aunque ningún sistema es totalmente infalible, Jethani hizo hincapié en que el control previo de ambas partes de una transacción crea una barrera significativa contra la actividad ilícita en la mayoría de las transacciones minoristas.

Los VASP asumen la carga operativa

Fundamentalmente, la responsabilidad legal y el riesgo operativo siguen recayendo sobre el VASP autorizado que procesa la transacción. En la práctica, el intermediario regulado que facilita la entrada y la salida asume la responsabilidad de llevar a cabo evaluaciones exhaustivas de la contraparte y del riesgo de sanciones, aplicar los controles adecuados y autenticar las transacciones. En las jurisdicciones del CCG que cuentan con marcos normativos establecidos para las criptomonedas, esto puede incluir el cumplimiento de los requisitos aplicables de la «Travel Rule» y una verificación exhaustiva de las contrapartes. «La obligación recae siempre en el agente regulado que actúa como intermediario en la transacción, que debe asumir la responsabilidad respecto a las contrapartes», afirmó Jethani. «Si las cosas salen mal, serán ellos quienes se consideren infractores y se vean sujetos a multas y sanciones». Jethani señaló que la claridad normativa beneficia, en última instancia, a los participantes en el mercado que cumplen con la normativa, ya que las entidades autorizadas tienen fuertes incentivos para proteger su estatus regulatorio.

«La gente se esfuerza mucho para conseguir la licencia que les permita prestar este servicio, y no pondrán en peligro sus licencias, ganadas con tanto esfuerzo, por una sola transacción», señaló Jethani. «No merece la pena correr esos riesgos, ni económicos ni de reputación, independientemente de quién esté al otro lado».

Esta supervisión regulatoria ha contribuido a reforzar la posición de los EAU como centro neurálgico para las empresas de activos digitales. Jethani destacó los rigurosos requisitos de pruebas y cumplimiento a los que se enfrentan las empresas durante el proceso de concesión de licencias, argumentando que estas salvaguardias han respaldado la posición del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluso a pesar de la rápida expansión de su sector de activos digitales.