UE, Asia o EE. UU.: quién ganará la carrera regulatoria cripto

El siguiente artículo de opinión ha sido escrito por Volodymyr Nosov, fundador y presidente de WhiteBIT Group.

Europa: la ventaja de ser pionera

Europa ha hecho lo que ningún otro gran mercado se ha atrevido a hacer todavía. Ha sido la primera en unificar unas normas fragmentadas bajo un único marco regulador: el Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA). Crear una arquitectura jurídica unificada para 27 países a la vez no tiene precedentes, y ahí radica precisamente la principal ventaja de la MiCA: el denominado «pasaporte de la UE». Las empresas del sector de las criptomonedas obtienen una licencia en un país de la UE y acceden automáticamente a todos los países europeos.

El marco establece las reglas del juego en materia de gobierno corporativo, protección del cliente, custodia de activos, resiliencia operativa, divulgación de información y otros aspectos fundamentales. Este enfoque permite a las empresas planificar inversiones estratégicas para los próximos años con mayor confianza.

La aparición de un marco regulatorio claro también es importante para los actores institucionales. Al fin y al cabo, a los grandes bancos, gestores de activos o gigantes de la tecnología financiera les resulta mucho más fácil integrar la infraestructura de la Web3 cuando su contraparte opera bajo normas transparentes.

¿Tiene la MiCA inconvenientes? Por supuesto, y el primero es el elevado coste que supone el cumplimiento normativo. Como fundador de una plataforma de criptomonedas que ha pasado por este proceso, puedo afirmar de primera mano que prepararse para la MiCA requiere una inversión significativa. No se trata solo de trámites legales. Una empresa debe crear una plataforma totalmente regulada: cumplir un amplio conjunto de requisitos de infraestructura, organizativos y financieros; formar un equipo; contratar a los proveedores de servicios adecuados; y garantizar el nivel requerido de ciberseguridad y resiliencia operativa, incluido el cumplimiento de los requisitos de la DORA. Esta barrera de entrada está cambiando la estructura del mercado. Las grandes empresas están mejor posicionadas para absorber estos costes, mientras que los actores más pequeños tienen que buscar socios, plantearse fusiones o replantearse sus planes para operar en la UE. El segundo reto es el denominado «forum shopping regulatorio». Las licencias las expiden los reguladores nacionales de cada país, pero son válidas en toda Europa.

Las diferencias en las prácticas de supervisión pueden animar a algunos operadores a buscar jurisdicciones con un enfoque menos estricto. Por eso Bruselas ya está debatiendo formas de reforzar el papel directo de la AEVM (Autoridad Europea de Valores y Mercados) en la supervisión de los grandes grupos transfronterizos del sector de las criptomonedas.

Y, por último, está el factor de la rapidez. Los elevados estándares regulatorios de la UE protegen a los consumidores y refuerzan la confianza en el mercado. Al mismo tiempo, una arquitectura regulatoria compleja puede ralentizar a Europa justo cuando EE. UU. y Asia están cobrando impulso.

EE. UU.: el mayor mercado de capitales y los vaivenes normativos

Ninguna jurisdicción puede competir con EE. UU. en cuanto a la envergadura de su sistema financiero, en particular el volumen de capital institucional y de capital riesgo, así como la solidez de su infraestructura de mercado. Wall Street, los mayores fondos de cobertura del mundo, los gigantes tecnológicos y el papel global del dólar ya forman parte del mismo ecosistema.

Históricamente, la principal debilidad de EE. UU. ha sido la fragmentación de la autoridad reguladora entre las agencias federales y los distintos estados. Y esta es la mayor paradoja del sistema estadounidense. El país que atrae capital a mayor escala aún no ha creado un marco único y claro para su mercado de criptomonedas.

Como resultado, las empresas de criptomonedas en EE. UU. se ven actualmente obligadas a operar bajo varias capas normativas a la vez. Las plataformas de intercambio pueden estar sujetas simultáneamente a los requisitos federales contra el blanqueo de capitales, necesitar licencias independientes de transferencia de fondos en los estados en los que operan y, en función de sus activos y productos, también tener que cumplir con los requisitos de la SEC en materia de valores y los de la CFTC en materia de derivados de materias primas y determinados productos digitales. En consecuencia, los costes legales y de cumplimiento normativo son sencillamente enormes, mientras que la declaración de impuestos también requiere recursos sustanciales.

Por supuesto, Estados Unidos quiere simplificar la legislación sobre la estructura del mercado y lleva tiempo intentando ultimarla. Pero la Ley CLARITY, cuyo objetivo es dividir de forma definitiva las responsabilidades entre los reguladores, lleva ya casi seis meses estancada en el Senado. La votación final se ha pospuesto una vez más debido a conflictos de intereses entre bancos y empresas de criptomonedas, así como a la presión política, en la que el sector ya ha gastado más de 225 millones de dólares, según el Financial Times.

Aun así, también se han producido cambios positivos en el entorno regulatorio estadounidense. En concreto, el año pasado se aprobó la Ley de Stablecoins (Ley GENIUS), lo que situó el comercio de stablecoins al nivel de la estrategia financiera nacional. La evolución normativa también se ha visto significativamente influida por el interés activo y la inversión en blockchain y tokenización por parte de gigantes financieros como JPMorgan, BlackRock y Nasdaq. La percepción de la Web3 en Wall Street también ha cambiado: hoy en día, ya no es un sector independiente, sino una capa tecnológica que abarca todo el sistema financiero.

Por lo tanto, es la incertidumbre jurídica lo que disuade a muchas empresas de criptomonedas de entrar en el mercado estadounidense. Y aunque el capital institucional sigue fluyendo a través de los ETF al contado, lanzar un nuevo proyecto de criptomonedas desde cero en el mercado estadounidense sigue pareciendo como caminar sobre hielo fino.

Asia y Oriente Medio: la carrera entre los centros tecnológicos

Actualmente no existe un único «régimen asiático». Sin embargo, las distintas jurisdicciones están creando centros financieros dinámicos y desarrollándose rápidamente para captar el capital global de la Web3.

Singapur, por ejemplo, se ha centrado en la calidad de la regulación y en un alto nivel de confianza institucional. Su regulador local, la MAS, que también actúa como banco central del país, ha establecido un sistema regulatorio claro, aunque estricto, para los tokens de pago digitales (DPT), con elevados requisitos en materia de cumplimiento normativo y gestión de riesgos tecnológicos. Al mismo tiempo, la jurisdicción ofrece un tipo impositivo sobre sociedades competitivo del 17 %. Esto, junto con su avanzada infraestructura financiera, convierte a Singapur en uno de los centros asiáticos más atractivos para las sedes regionales de empresas de criptomonedas, la infraestructura B2B y los servicios de custodia de activos digitales.

Cerca de allí, Hong Kong está recuperando terreno de forma activa. A través del exhaustivo régimen de concesión de licencias de la SFC y de la nueva legislación sobre monedas estables, está construyendo un ecosistema regulado de activos digitales y reforzando su papel tradicional como puente financiero entre China y los mercados globales. La fiscalidad competitiva sigue siendo una ventaja adicional: para las empresas, el tipo impositivo sobre los primeros 2 millones de HK$ (aproximadamente 255 000 dólares) de beneficios imponibles puede ser del 8,25 %, mientras que los beneficios por encima de este umbral se gravan al 16,5 %. Sin embargo, no debe pasarse por alto la posición única de Hong Kong con respecto a China continental, ya que añade un elemento de incertidumbre geopolítica a la jurisdicción. El tercer centro asiático de criptomonedas al que merece la pena prestar atención es Dubái, en Oriente Medio. Por quinto año consecutivo, alberga el primer organismo regulador independiente del mundo, la VARA. En lugar de un único conjunto universal de requisitos, Dubái ha optado por un modelo en el que las normas se adaptan a tipos específicos de actividad, desde la negociación en bolsas y los servicios de custodia hasta los préstamos, la gestión de activos y el staking. Esto no significa que la regulación sea débil. Al contrario, los requisitos en materia de cumplimiento normativo, tecnología y gestión de riesgos siguen siendo elevados, pero la propia arquitectura regulatoria se adapta mucho mejor a la naturaleza específica de los negocios relacionados con las criptomonedas.

Otra ventaja de Dubái es su entorno fiscal favorable. Los Emiratos Árabes Unidos no tienen un impuesto federal sobre la renta de las personas físicas, mientras que una fiscalidad empresarial competitiva hace que la jurisdicción resulte especialmente atractiva para las empresas de criptomonedas, los emprendedores, los inversores y el talento tecnológico.

Asia y Oriente Medio ofrecen al mercado lo que actualmente le falta a Occidente: rapidez en la toma de decisiones y la disposición de los reguladores a adaptarse a las realidades empresariales. Al mismo tiempo, estos centros dinámicos tienen un inconveniente: la fragmentación. Son «islas» regulatorias separadas, lo que significa que expandirse por Asia requiere reunir un conjunto de licencias locales.

¿Dónde deberían buscar las empresas una ventaja?

Es poco probable que los reguladores puedan crear normas universales para todo tipo de empresas. Para una gran plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el mercado minorista, la UE ofrece actualmente uno de los modelos más sólidos. Aunque la MiCA exige una inversión significativa en cumplimiento normativo, proporciona acceso a 27 mercados prósperos.

Para las empresas institucionales, Estados Unidos ofrece, naturalmente, el mayor potencial gracias a su enorme base de capital y a la integración activa de las criptomonedas en las finanzas tradicionales. Si el objetivo es establecer una base institucional en Asia, Singapur juega en una liga propia gracias a la previsibilidad normativa y a una sólida infraestructura bancaria.

Lo que está claro es que la era de la búsqueda de las normas más laxas ha terminado: ahora la carrera gira en torno a la calidad de la regulación. En mi opinión, las jurisdicciones que saldrán ganando serán aquellas que ofrezcan a las empresas acceso al capital y previsibilidad, protejan a los consumidores, pero no frenen la innovación.