Arizona suspende temporalmente el proceso judicial contra Kalshi tras una resolución federal que impide la comparecencia prevista para el lunes

• Un juez federal bloqueó la comparecencia de Kalshi prevista para el lunes en Arizona, dictaminando que es probable que la CFTC tenga éxito en su argumento de prevalencia federal.
• Arizona presentó los primeros cargos penales contra un operador de un mercado de predicción, con 20 cargos, entre los que se incluyen apuestas electorales y deportivas.
• Los tribunales federales están divididos: el Tercer Circuito respalda la jurisdicción de la CFTC, mientras que Nevada y Massachusetts se ponen del lado de los estados.

El Gobierno federal triunfa donde Kalshi fracasó

La comparecencia de Kalshi ante el Tribunal Superior del condado de Maricopa estaba prevista para el lunes. El juez federal de distrito Michael Liburdi dictó la orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) el viernes tras una vista de casi dos horas celebrada en Phoenix.

Consideró que la CFTC había «demostrado claramente que es probable que prospere en el fondo de su alegación de que las leyes de juego de Arizona quedan invalidadas por la Ley de Intercambio de Materias Primas». La Fiscalía General de Arizona afirmó que informaría al tribunal el lunes de que no seguirá adelante con la comparecencia mientras la orden siga vigente. La TRO permanecerá en vigor hasta el 24 de abril.

La resolución se produjo dos días después de que Liburdi denegara la propia solicitud de Kalshi de una orden judicial preliminar contra Arizona. En esa decisión anterior, el juez afirmó que era prematuro pronunciarse sobre si la Ley Federal de Mercados de Materias Primas prevalece sobre las leyes de juego de Arizona —la cuestión jurídica central del caso—, citando la Ley contra las Órdenes Judiciales, que generalmente prohíbe a los tribunales federales bloquear los procedimientos penales estatales. La moción independiente de la CFTC prosperó por motivos distintos, al argumentar que el proceso judicial de Arizona interfería directamente con la autoridad federal exclusiva de la agencia sobre los swaps negociados en mercados de contratos designados, lo que activaba la Cláusula de Supremacía. La moción independiente de la CFTC, respaldada por el Departamento de Justicia, prosperó al argumentar que el proceso judicial de Arizona interfería directamente con la autoridad federal exclusiva de la agencia sobre los swaps negociados en mercados de contratos designados.

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó el 17 de marzo 20 cargos por delitos menores contra KalshiEx LLC y Kalshi Trading LLC, lo que convierte a Arizona en el primer estado en presentar cargos penales contra un operador de un mercado de predicción. Los cargos alegan que Kalshi aceptó apuestas ilegales de residentes de Arizona sobre deportes profesionales y universitarios, el rendimiento de jugadores individuales y resultados políticos. Entre ellas se incluyen apuestas sobre la carrera presidencial de 2028, las elecciones a gobernador de Arizona de 2026 y sobre si la Ley SAVE entraría en vigor. Cuatro de los cargos por apuestas electorales conllevan penas máximas de 10 000 dólares cada uno, mientras que los 16 cargos relacionados con el deporte conllevan penas de hasta 20 000 dólares cada uno.

El presidente de la CFTC, Michael Selig, calificó el proceso judicial de Arizona de «peligroso precedente», afirmando que «la decisión del estado de utilizar la legislación penal estatal, que ha sido sustituida, como arma contra empresas que cumplen con un régimen federal integral no puede sostenerse». Añadió que el Congreso había «rechazado específicamente ese mosaico fragmentado de regulaciones estatales porque daba lugar a una menor protección del consumidor y a un mayor riesgo de fraude y manipulación».

Kalshi, que fue aprobada por la CFTC en 2020 como la primera bolsa designada a nivel federal para contratos de eventos en la historia de EE. UU., estructura sus productos como derivados financieros regulados en lugar de apuestas tradicionales. Los usuarios compran y venden contratos de «sí» o «no» vinculados a los resultados de eventos, que la empresa clasifica como swaps entre contrapartes en lugar de apuestas realizadas contra la casa. Tras una ronda de financiación de la Serie D de 300 millones de dólares, Kalshi tiene una valoración estimada de 5000 millones de dólares y controla aproximadamente el 89 % del mercado de predicciones de EE. UU., según un informe reciente del Bank of America citado por Coindesk.

El caso de Arizona forma parte de un conflicto más amplio que afecta a varios estados. La CFTC presentó demandas contra Arizona, Connecticut e Illinois el 2 de abril, solicitando sentencias declarativas que establezcan que la Ley de Intercambio de Materias Primas otorga a la agencia autoridad exclusiva sobre los contratos de eventos. Kalshi ha demandado por separado a Arizona, Utah y Iowa para adelantarse a las medidas de ejecución estatales. Los tribunales federales se han mostrado muy divididos sobre la cuestión subyacente. El Tribunal de Apelación del Tercer Circuito de EE. UU. dictaminó el 6 de abril que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales sobre juegos de azar en un caso relacionado con el intento de Nueva Jersey de hacer cumplir sus leyes contra Kalshi, lo que supone una victoria significativa para la posición de la CFTC. Los jueces federales de Tennessee también han fallado a favor de Kalshi. Los jueces estatales y federales de Nevada y Massachusetts han emitido fallos preliminares que respaldan la autoridad de los estados para restringir a los operadores de mercados de predicción.

Los volúmenes mensuales de negociación en las plataformas de predicción han superado los 20 000 millones de dólares, frente a los 1200 millones de principios de 2025. Una victoria federal permitiría a plataformas como Kalshi expandirse a nivel nacional bajo un único marco regulatorio. Una victoria estatal podría fragmentar el mercado en un modelo jurisdiccional similar al panorama actual de las apuestas deportivas en EE. UU.

El siguiente paso en el caso de Arizona es una vista para determinar si la orden de restricción temporal debe convertirse en una medida cautelar que bloquearía la acción judicial del estado durante un periodo más largo.